El acceso al aborto en Latinoamérica es desigual, muy desigual. En parte por las posturas y condenas sociales que hay alrededor del aborto, pero también por cómo es abordado desde las regulaciones de cada país. Hay países en los que esta práctica está completamente prohibida, países en los que el aborto está legalizado sólo para algunas causales determinadas y países en los que se acepta el aborto voluntario con un límite de tiempo. Sin embargo, en ningún país de la región el acceso al aborto voluntario es completamente a libre demanda o está completamente exento de penalización, aunque mucho se ha avanzado en los últimos años en esa senda. En cualquier caso, si en algo se parecen todos estos ambientes jurídicos, es que ninguno reconoce la voluntad de las personas gestantes de manera plena tal como recomiendan las directrices de la Organización Mundial de la Salud, los movimientos de mujeres y feministas, y al margen de los prejuicios de los grupos conservadores y religiosos.

En los últimos veinte años, muchos países latinoamericanos cambiaron sus regulaciones respecto al aborto, principalmente ampliando derechos, pero también restringiéndolos. Algunos sostienen regulaciones del siglo pasado o incluso el anterior. Y aunque la ley no es suficiente, lo cierto es que hace la diferencia. Así, Uruguay fue pionero en la región (junto a Ciudad de México) en legalizar el acceso al aborto voluntario en las primeras semanas del embarazo. Sin embargo, Uruguay es también un caso paradigmático de cómo los requisitos y pormenores de la norma pueden dificultar el acceso a la práctica.

En este estudio se analiza en detalle la regulación del aborto en dieciséis países de América Latina y el Caribe con el propósito de aportar información e identificación de lo logrado y de todo lo que aún falta legalmente, considerando los mejores estándares, buenas prácticas y recomendaciones en la materia. Aunque comparten algunos patrones, la situación de cada país es única, y por eso es necesaria una conversación informada que permita encontrar y aprovechar los espacios que brinda el ambiente legal de cada país para avanzar en un mejor acceso al aborto de calidad. Tener un panorama regional permite observar similitudes y diferencias, y así adaptar las estrategias y encontrar ejemplos regionales de buenas prácticas regulatorias que inspiran. Porque los avances científicos, tecnológicos y estándares de derechos humanos son abundantes, porque la evidencia es clara y porque la garantía de derechos en Latinoamérica es urgente.